Texto | El primer año de Sheinbaum, un análisis
por Enrique Monroy
El primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha presentado públicamente como un período de "estabilidad y prosperidad compartida," cimentado en un modelo económico que privilegia la austeridad republicana y la reorientación del presupuesto hacia programas sociales. En su primer informe, la mandataria afirmó que México "vive un momento estelar" y que, pese a las "expectativas catastróficas" de la oposición y de algunos organismos internacionales, el país ha logrado consolidar un proyecto de nación basado en el "humanismo mexicano". Sí, ese humanismo como slogan mercadotécnico que presentó López Obrador en muchos de sus proyectos, como el de su Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuyo lema "Nada humano me es ajeno" parece ser solo una mera mezquindad de un gobierno que ha olvidado por completo al pueblo que prometió priorizar. Esta narrativa oficial destaca la reducción de la pobreza, el crecimiento económico sostenido y una tendencia a la baja en delitos de alto impacto como el homicidio.
Sin embargo, un análisis más profundo de los datos y de las dinámicas políticas revela una realidad más compleja, marcada por profundas contradicciones, riesgos sistémicos y una creciente polarización. El primer año ha estado definido por la brecha entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana en materia de seguridad, una fragilidad económica latente a pesar de los indicadores macroeconómicos positivos, y una serie de decisiones políticas, principalmente la reforma judicial, que generan un profundo riesgo institucional y amenazan la estabilidad a largo plazo. Este balance crítico profundiza en cada uno de estos frentes para ofrecer una visión matizada y fundamentada de los desafíos que enfrenta la presidencia en su consolidación.
Un punto de inflexión en la evaluación del primer año de gobierno fue la decisión de la agencia calificadora Moody's de modificar la perspectiva crediticia de México de "estable" a "negativa" en noviembre de 2024. Esta acción no se basó en un desempeño macroeconómico deficiente a corto plazo, sino en una crítica explícita al debilitamiento del entorno institucional y de la formulación de políticas que, según la agencia, podría socavar los resultados fiscales y económicos a futuro. La presidenta Sheinbaum respondió a esta crítica, cuestionando la metodología de Moody's y defendiendo el modelo económico basado en la "austeridad republicana" y la inversión pública.
La disonancia entre la defensa del gobierno y la postura de Moody's expone una causalidad que va más allá de los números. Los datos oficiales del gobierno, como un crecimiento del PIB del 1.2% y un récord de Inversión Extranjera Directa (IED) por 36,000 millones de dólares en el primer semestre de 2025, parecen contradecir la alarma de la agencia. Sin embargo, la justificación de Moody's se centra en un "entorno institucional" que se percibe como cada vez más frágil. Esto señala directamente a decisiones de política interna, como la reforma judicial que se promovió al inicio del sexenio, que es vista como una amenaza a los contrapesos democráticos y al Estado de Derecho. Para los inversionistas institucionales y los mercados financieros, la seguridad de una inversión no depende únicamente de la solidez de las finanzas públicas o del flujo de capital, sino de la certeza de un marco legal e institucional que garantice el cumplimiento de contratos y la protección de la propiedad. La percepción de un sistema judicial que podría politizarse o alinearse con un solo partido se convierte en un riesgo fundamental que, en última instancia, tiene un mayor peso en la confianza a largo plazo que los indicadores económicos coyunturales.
Los análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalan que la producción acumulada en los seis años de la administración anterior creció solo 4.5%, con un promedio de menos del 1%, lo que representa el menor crecimiento en 30 años. La productividad, la relación entre la producción y las horas trabajadas, decreció un 4% en el mismo periodo. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado una caída del 0.3% para 2025, lo que contrasta con la visión optimista del gobierno.
La contradicción entre las cifras oficiales de crecimiento de corto plazo y la realidad de un estancamiento estructural revela la fragilidad del modelo económico. La estrategia gubernamental se ha enfocado en la "economía moral" (???) y en la "prosperidad compartida" (comunismo disfrazado), principalmente a través de la expansión de programas sociales y el aumento del salario mínimo. Si bien estos mecanismos pueden mejorar el ingreso y reducir la pobreza a corto plazo, la falta de un crecimiento equivalente en la productividad del trabajo hace que este modelo sea inherentemente vulnerable. El gobierno esta "redistribuyendo riqueza", pero no esta creando las bases para generar una economía sostenible. Si la economía global se desacelera o si se materializan las tensiones comerciales, como la posibilidad de más aranceles de Estados Unidos, esta falta de una base productiva sólida podría comprometer la estabilidad y la capacidad del gobierno para sostener los programas de bienestar a largo plazo.
El gobierno reporta avances significativos en la reducción de la pobreza, con una disminución de la pobreza multidimensional (pobreza generalizada para el acceso de bienes y servicios básicos) de 13.5 millones de personas entre 2018 y 2024. No obstante, los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pintan un cuadro más complejo y con matices. Aunque la pobreza laboral a nivel nacional se redujo entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2024, pasando del 37.3% al 35.1% , esta mejora no ha sido homogénea. Los informes indican que la pobreza laboral en el ámbito rural aumentó 0.9 puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2024, mientras que en el ámbito urbano se mantuvo en niveles similares. Adicionalmente, el ingreso laboral real per cápita en las zonas rurales disminuyó un 3.9% de manera trimestral, mientras que el de la población ocupada en la informalidad se redujo en 2.0% en el mismo periodo.
El análisis de estos datos revela una profundización de la brecha entre el México rural y el urbano, así como entre el sector formal y el informal. Mientras que el ingreso de los trabajadores formales tuvo un incremento anual del 7.8%, el de los informales fue del 4.7%. Esto indica que el modelo de "prosperidad compartida" no está logrando una distribución equitativa de los beneficios a lo largo de toda la población. La persistencia del estancamiento en las zonas rurales y entre los trabajadores informales sugiere que las políticas implementadas no están resolviendo las desigualdades estructurales más arraigadas en el país.
El gran abismo de la seguridad y la salud pública
Por otra parte, la presidente Sheinbaum ha presentado un balance de seguridad con cifras aparentemente alentadoras. Su gobierno reporta una disminución del 25.5% en asesinatos en comparación con el mismo periodo de la administración anterior y una reducción del 32.9% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Estas estadísticas oficiales, que reflejan un enfoque en la reducción de delitos de alto impacto, contrastan de manera marcada con la percepción de seguridad de la población.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI y una encuesta de El País, la percepción de inseguridad se mantiene en niveles alarmantemente altos. El 70% de los mexicanos se siente inseguro en sus lugares de residencia , una cifra que ha aumentado desde el inicio de la administración. La encuesta ENSU de marzo de 2024 ya señalaba que el 61.0% de la población se sentía insegura en su ciudad. Lugares como Villahermosa, Culiacán, Fresnillo, Uruapan e Irapuato registran porcentajes de percepción de inseguridad superiores al 88%. Esta discrepancia revela que la reducción de los homicidios, aunque un dato positivo en sí mismo, no se traduce en una mejora en la seguridad cotidiana de los ciudadanos. Los delitos de alto impacto, como la extorsión, el robo y el control territorial por parte de grupos criminales, persisten y alimentan la sensación de vulnerabilidad generalizada, demostrando que la estrategia no ha logrado desmantelar las estructuras criminales que impactan directamente en la vida de la gente.
El problema de seguridad en México no se limita a los homicidios. El enfoque exclusivo en el homicidio doloso como principal indicador de éxito es una estrategia política que ignora la realidad multidimensional de la violencia. La sensación de inseguridad de la población está determinada por una variedad de delitos de alto impacto que afectan la vida diaria, como la extorsión y los robos en el transporte público, en cajeros automáticos y en la vía pública. La falta de progreso en la extorsión y la violencia de género, que en el sexenio anterior crecieron un 49% y 41% respectivamente, subraya la limitación de basar el éxito en una sola métrica. El problema de seguridad es un fenómeno complejo que requiere un enfoque holístico que aborde la impunidad y la violencia en todas sus formas, no solo en aquella que permite una medición favorable.
El plan de seguridad de la administración Sheinbaum ha sido criticado por repetir tácticas que no lograron contener la violencia en el pasado. Analistas de seguridad señalan que la estrategia es una "continuidad de la militarización," en la que la Guardia Nacional, a pesar de sus 130,000 agentes, se ha enfocado en labores de disuasión y control migratorio en lugar de investigar y desmantelar células criminales.
No obstante, se ha observado un marcado viraje en la política de seguridad pública que se aleja de la estrategia de "abrazos, no balazos." Este cambio no se ha dado por una redefinición interna, sino como una respuesta directa a la "presión del gobierno de Donald Trump" y sus amenazas de aranceles para frenar el trasiego de drogas. Como resultado, la administración ha intensificado el combate frontal contra el crimen organizado, lo que ha llevado a un aumento significativo en la incautación de fentanilo y la destrucción de laboratorios. Este enfoque ha sido calificado por expertos como un "tributo" trimestral a Estados Unidos para evitar sanciones económicas. Esta dependencia estratégica revela una vulnerabilidad en la política exterior y de seguridad, donde las decisiones internas no se basan en la urgencia de resolver la violencia que afecta a los mexicanos, sino en la necesidad de apaciguar las demandas geopolíticas de un socio comercial.
No se ha socavado aún, uno de los temas de mayor importancia en el microcosmos del México sin rostro, el gran tema de la migración interna, del exilio por el desplazamiento forzado por causa del terrible fenómeno del narcotráfico en el país, en donde poblaciones enteras, comunidades y pueblos han desaparecido al quedar abandonados por sus colonos a causa del crimen organizado. El México profundo, ese México que pocos conocen y que sobrevive como puede ante el olvido de un gobierno que los ha usado para llegar y obtener más poder.
A pesar de que la presidenta Sheinbaum ha prometido fortalecer el sistema de salud , la percepción de la población sobre el abasto de medicamentos sigue siendo negativa. El gobierno ha afirmado que el abasto supera el 90%, pero organizaciones de la sociedad civil como Nariz Roja y otros, han denunciado públicamente el desabasto, acusando a la administración de "mentir" al respecto. La respuesta oficial ha sido descalificar las protestas como actos políticos orquestados por la oposición, una caracterización que las organizaciones no gubernamentales (ONG) han calificado como "inhumana". Esta postura, que minimiza las quejas de la ciudadanía y las enmarca en una narrativa de confrontación política, demuestra una falta de sensibilidad y de interés en escuchar y atender una demanda social genuina. Asimismo, la política de la administración hacia las víctimas de la violencia ha sido calificada como "indolente" o "poco sensible". Aunque la presidenta Sheinbaum ha rechazado el descuido de las víctimas y ha prometido su apoyo, el informe de la organización Artículo 19 revela que el 40% de las desapariciones de personas reportadas desde 1965 ocurrieron durante la administración anterior. La negación de esta problemática y la tendencia a culpar a los "gobiernos del pasado" perpetúan la falta de atención y justicia para los miles de familias que buscan a sus seres queridos.
El riesgo institucional: la Reforma Judicial como punto de quiebre
La reforma judicial, que se ha presentado como una de las piedras angulares del nuevo gobierno, es defendida por la administración como un acto "inédito y profundamente democrático" que busca terminar con el "nepotismo, corrupción y privilegios" del Poder Judicial. La propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte a través del voto popular se justifica como la única vía para "purificar la vida pública" y asegurar que la justicia este en manos del pueblo.
Esta propuesta ha sido objeto de una crítica generalizada y contundente por parte de expertos, abogados, académicos y organismos internacionales. Múltiples análisis advierten que la medida, lejos de democratizar la justicia, podría "comprometer la independencia judicial y debilitar el Estado de derecho" al politizar la impartición de justicia y eliminar los contrapesos institucionales. La elección popular en un país con un partido hegemónico podría resultar en una "captura política" del Poder Judicial, donde los candidatos con el respaldo del partido en el poder tendrían una ventaja abrumadora. Esto podría dar lugar a un Poder Judicial alineado con los intereses del Ejecutivo y el Legislativo, eliminando su papel como un contrapeso efectivo y abriendo la puerta a un "régimen autoritario".
La reforma también plantea desafíos prácticos, ya que podría afectar la profesionalización de la judicatura. Se ha señalado que la reforma, aunque busca legítimamente mejorar la justicia, podría empeorar la situación al centrarse en elecciones populares en lugar de una reforma más profunda del sistema judicial.
La incertidumbre jurídica generada por la reforma judicial es un factor de riesgo para la inversión y la estabilidad económica. Expertos han advertido que la reforma podría generar desconfianza internacional, poner en riesgo la viabilidad del T-MEC y crear un clima de inestabilidad que afectaría a los inversionistas. Un sistema judicial debilitado no puede garantizar un marco legal estable para los negocios, lo que socava la confianza de los inversionistas y puede llevar a una fuga de capitales o a una desaceleración de la IED a largo plazo.
De la Austeridad Republicana al nacimiento del nuevo altépetl "neoazteca"
El discurso de la "cuarta transformación" se ha basado en un pilar moral de "honestidad y austeridad" que busca distanciarse del "régimen de corrupción y privilegios" de los gobiernos anteriores. Sin embargo, este principio se vio gravemente expuesto por el escándalo del viaje de lujo a Japón del hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán. La revelación de los gastos exorbitantes y los lujos disfrutados durante sus vacaciones, que ascendieron a un dineral muy por encima de lo que la mayoría de los mexicanos podría pagar, generó un choque directo con la narrativa oficial.
La respuesta de López Beltrán, a través de una carta en la que se victimizó y recurrió al mismo lenguaje de su padre, calificando a los críticos como el "hampa del periodismo" y la "mafia del poder" (sí, la desconocida Mafia del Poder), fue calificada por analistas como "una tremenda torpeza" y el "berrinche de un junior". Este episodio no es solo un escándalo de corrupción menor. Es un golpe directo a la legitimidad moral del movimiento en el poder, revelando una profunda incongruencia que erosiona la credibilidad de la narrativa del "no somos iguales" ante los ojos del pueblo. La incapacidad de manejar esta crítica con transparencia agrava la percepción de que la élite actual no es fundamentalmente distinta de las anteriores.
La transición de poder ha generado una dinámica compleja dentro de la coalición gobernante. Con la salida del liderazgo centralizado y carismático del expresidente, la autoridad para la toma de decisiones no está plenamente consolidada en la nueva administración. Se han comenzado a observar "forcejeos muy naturales" y "fuego amigo" por el control de recursos y candidaturas dentro del movimiento. A diferencia de su predecesor, la presidenta Sheinbaum ahora se encuentra en la difícil posición de tener que defender escándalos y controversias que no tocan directamente a su equipo, pero que sí impactan la imagen y la cohesión de su grupo. Esta situación demuestra que el movimiento, si bien exitoso electoralmente, tiene dificultades para articular un liderazgo unificado y para resolver conflictos internos sin recurrir a la confrontación pública, lo que podría generar inestabilidad política a largo plazo.
Así pues, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido un periodo de marcadas contradicciones. Si bien la administración ha logrado mantener una "alta aprobación popular" y ha destacado "indicadores macroeconómicos positivos" como el crecimiento del PIB, la IED y la reducción de la pobreza, un examen crítico de estos logros revela una serie de debilidades sistémicas y riesgos a futuro.
El modelo económico, basado en la redistribución y no en la productividad, es estructuralmente frágil y vulnerable a la desaceleración global. La narrativa de la seguridad, centrada en la reducción de homicidios, choca frontalmente con la percepción de inseguridad ciudadana y en las miles de denuncias y exhortos por justicia en todo el país, lo que indica que la estrategia acuñada no está resolviendo el problema de fondo de la violencia sistémica. Más aún, la política de seguridad se ha visto supeditada a las presiones geopolíticas de Estados Unidos, lo que expone una debilidad estratégica y una posible colusión con el crimen organizado.
El riesgo más significativo, sin embargo, reside en la agenda política y su impacto en las instituciones. La reforma judicial, lejos de ser un acto de democratización, ha sido calificada por una amplia gama de expertos como una amenaza al Estado de Derecho y a la independencia judicial, con el potencial de consolidar un régimen de partido único y ahuyentar la confianza de los inversionistas. Finalmente, el discurso de la "austeridad republicana," pilar fundamental de la legitimidad moral del movimiento, ha sido gravemente dañado por los escándalos de figuras cercanas al poder, lo que erosiona la credibilidad de la administración.
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Fuentes generales (Consultadas entre julio-septiembre de 2025):
Suprema Corte de Justicia de la Nación: https://shorturl.at/lyVwS
CONEVAL:
Gob.mx: https://shorturl.at/Rb0DR
INEGI: https://shorturl.at/5F8yc
© 2025 Enrique Monroy
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